El caso de Noura Hussein ha puesto el enfoque mundial nuevamente en el
controvertido tema de los matrimonios forzosos y los matrimonios con menores.
Noura es una joven sudanesa, ahora de diecinueve años, quien fue entregada en matrimonio
cuando ella tenía solo quince años. Poco después de que el matrimonio tuviera
lugar —en contra de la voluntad de la adolescente— Noura se escapó de la casa,
pero después de esconderse durante tres años, fue devuelta a la custodia de su
marido legal de la mano de su propio padre.
De nuevo bajo llave en la casa de su marido, Noura continuó negándose
a los avances físicos de este esposo impuesto. Para consumar el matrimonio,
según la defensa de la joven, miembros de la familia del esposo mantuvieron
inmóvil a Noura mientras que él la violaba. Cuando intentó violarla de nuevo por
su cuenta al día siguiente, Noura lo apuñaló hasta matarlo. En busca de ayuda,
Noura regresó a su casa, pero su familia la entregó a las autoridades.
Sudán es uno de los muchos países en el mundo donde la violación
conyugal no se considera un delito. Tampoco lo es el matrimonio forzoso de
hombres mayores con niñas de tan solo diez años. Como tal, un tribunal sudanés
ha considerado la muerte del marido de Noura como asesinato en primer grado y
la ha sentenciado a ser ejecutada en la horca. Su defensa ha apelado la
sentencia en medio de una masiva campaña mundial en busca de clemencia o de un
indulto para la joven mujer sudanesa, vista por los activistas de los derechos
de la mujer como víctima más que como victimaria. Una petición distribuida por
la campaña, patrocinada, entre otros, por numerosas celebridades, ya ha reunido
más de un millón de firmas.
El caso de Noura Hussein es importante más allá de la difícil
situación personal de ella, porque llama la atención sobre una injusticia no
resuelta que continúa plagando a la sociedad moderna y que ha formado parte de
un importante debate intercultural e interreligioso durante décadas. El quid de
la cuestión implica el tratamiento continuo de las mujeres como bienes muebles
en numerosos países y culturas del mundo entero.
En una declaración emitida el mes pasado, la campaña mundial Justicia para Noura dijo: “Noura y, de
hecho, todas las mujeres y niñas de Sudán, han sido tratadas con demasiada
frecuencia como bienes muebles para ser intercambiadas y regaladas como si
fueran propiedad. Aquí hoy, unidos y con una sola voz, deseamos decir, ¡basta!
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Noura Hussein, la joven de 19 años condenada a la
ahorca por matar a un marido impuesto quien la violaba.
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Diplomáticos de la Unión Europea destinados en Sudán han expresado su “firme
oposición” a la pena de muerte. Al dar a conocer su protesta al gobierno
sudanés, citaron un principio de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948 que establece que “el matrimonio se celebrará solo con el libre
y pleno consentimiento de los cónyuges”.
Más recientemente, miembros del Parlamento Europeo presentaron una
moción conjunta sobre el caso. Señalan los millones de firmas recogidas en la
petición circulada a través de Justicia por Noura, y afirman que las
autoridades sudanesas han intentado intimidar a los abogados de la joven, hecho
que “representa un ataque al proceso de juicio justo.” El borrador de la moción
de la UE sobre esta causa menciona el Índice de Desarrollo Humano y el Índice
de Desigualdad de Género de la ONU en ambos de los cuales Sudán ocupa el lugar
165 de un total de 188 países, pese a una disposición en la Constitución
sudanesa que garantiza que “el estado protegerá a las mujeres de la injusticia
y promoverá la igualdad de género.”
Después de una visita oficial a Sudán en febrero pasado, Pramila
Patten, Representante Especial de la ONU sobre la Violencia Sexual en
Conflictos, dijo que si bien “existe una cultura profundamente arraigada en la negación
de la existencia de la violencia sexual en Sudán...el matrimonio forzoso, la violación
conyugal y la violencia de género se consideran normal, (y) todas estas formas
de violencia se justifican citando motivos de tradición, cultura y religión.”
Pero aunque la sociedad sudanesa es un infractor importante en cuanto
a los matrimonios forzados de menores, con más de un tercio de todas las
mujeres siendo casadas antes de los 18 años de edad y el siete por ciento de
todas las niñas siendo inducidas a casarse antes de los quince años, no es, de
manera alguna, el único país donde esto sucede, ni siquiera es el país en el
cual más prevalece la práctica. En Bangladesh, por ejemplo, el 18 por ciento de
todas las niñas están obligadas a casarse antes de los 15 años y el 52 por
ciento son esposas antes de los 18 años. Brasil también tiene un porcentaje
mayor de novias niñas que Sudán, con un 11 por ciento de todas las menores siendo
casadas a los 15 años y el 36 por ciento antes de cumplir los 18 años. En la
República Centroafricana, casi un tercio de todas las niñas contraen matrimonio
antes de los 15 años y dos tercios antes de alcanzar los 18. En Etiopía,
Eritrea, Sudán del Sur, Madagascar, Mozambique, Uganda y Malawi, más del 40 por
ciento (en algunos casos la cifra es de más del 50 por ciento) de todas las
niñas están casadas antes de cumplir los 18 años.
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Según este dato, existen 2.600 millones de mujeres que viven
en paises donde es legal que sus maridos las violan.
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Parece sorprendente que, si bien durante mucho tiempo han habido
pequeños focos de preocupación por los derechos de las llamadas novias niñas y
pese a la existencia de grupos que abogan por el cambio, las medidas concretas
a nivel gubernamental y multilateral han brillado por su ausencia hasta hace
muy poco tiempo. Incluso ahora, la implementación de medidas para detener esta
práctica avanza de manera muy limitada. Por ejemplo, no fue hasta hace cuatro
años que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobara una
resolución contra los matrimonios de menores, precoces y forzosos.
El lado positivo de esa resolución claramente tardía de la ONU es el
hecho de que reconoce la correlación entre este tipo de matrimonios y la
violación de los derechos humanos básicos del individuo. Establece
específicamente que tales prácticas “impiden que las personas vivan libres de
toda forma de violencia” y agrega que este tipo de matrimonio “tiene
consecuencias adversas para el disfrute de los derechos humanos, tales como el
derecho a la educación (y) el derecho a alcanzar el más alto nivel de salud,
incluida la salud sexual y reproductiva.” La resolución de 2013 sugiere a la
Asamblea General que haga de la eliminación del matrimonio forzoso parte de su
debate sobre los objetivos de desarrollo post-2015. Pero la búsqueda de
cualquier cambio verdadero en este sentido sigue siendo incipiente y anémica.
La progresiva inclusión del hecho de los matrimonios forzados y,
especialmente, de los matrimonios con menores dentro del contexto de los
debates sobre el desarrollo mundial sería de gran importancia, dado que el
subdesarrollo y la violación de los derechos básicos de las mujeres tienden a
ir de la mano. Esto es cierto, en parte, porque un mayor desarrollo tiende a
traer consigo mayores estándares económicos y sociales que resultan de una
mejor educación y de la disminución de los niveles de pobreza. Este es el punto
en el cual la mejora económica y la social tienden a superponerse y provocar un
cambio cultural. En este sentido, se debe señalar que los matrimonios forzosos
y de menores son a menudo el resultado directo de la pobreza, ya que los padres
suelen entregar a sus hijas a hombres más ricos, y generalmente mayores, a
cambio de deudas perdonadas u otro tipo de compensación económica. La
contracara de esta modalidad es el sistema de dote en el cual los solteros disponibles
reciben dotes (compensación en propiedades o dinero) por parte de los padres de
una niña en matrimonios arreglados que se consideran beneficiosos para ambas
familias, pero que rara vez toman en cuenta las propias aspiraciones o deseos
de la niña en cuestión.
La controversia básica con respecto a los matrimonios forzosos y de
menores de edad es sobre el choque entre las “tradiciones religiosas y sociales”
y los derechos, tanto humanos como civiles, del individuo. Más importante aún, formando
parte de las principales líneas de debate en esta controversia es si la
religión y la tradición pueden excluir y reemplazar el deber moralmente
obligatorio e internacionalmente reconocido de la sociedad de proteger los
derechos de los niños. Dicho lo anterior, naciones tan avanzadas como Estados
Unidos y Canadá a menudo se han mostrado reacias a intervenir en las “tradiciones
religiosas y sociales” de algunas de sus comunidades de inmigrantes por temor a
parecer discriminatorias o racistas. Desde un punto de vista realista, sin
embargo, según los estándares de la sociedad occidental civilizada y moderna,
los procedimientos que se utilizan dentro del contexto del matrimonio forzoso constituyen
delitos penalmente procesables que incluyen secuestro, asalto, agresión y
violación reiterada, así como pedofilia y abuso sexual de menores.
Además, se podría considerar que cualquier boda de una menor con un
hombre mayor de edad es un “matrimonio forzado”, ya que los menores de edad no
son legalmente responsables y, por lo tanto, incluso si “aceptan” tal contrato
matrimonial, la sociedad debería poder protegerlos de sí mismos, disputando la
legalidad de tal unión. Sea como fuere, muchos estados en EEUU, por ejemplo, no
estipulan ninguna edad legal específica en absoluto para el matrimonio, siempre
que se otorgue el consentimiento paterno y/o judicial para que tenga lugar la unión.
Y de aquellos que estipulan un límite, a menudo es para edades increíblemente
bajas.
En general, en los cincuenta estados norteamericanos —salvo en
Misisipi, donde la edad de consentimiento matrimonial es de 21 años— las
personas pueden casarse legalmente a los 18 años. Sin embargo, contando con el
consentimiento de los padres y/o judicial, y bajo circunstancias específicas,
el matrimonio de menores de edad —generalmente niñas— resulta posible en
algunos estados a edades tan tempranas como los 14, y en la mayoría de los
estados los adolescentes pueden, con el consentimiento paterno y/o judicial,
casarse a edades que van de 15 a 17 años.
Estudios recientes afirman que cientos de niñas pakistaníes que viven
en la ciudad de Nueva York son víctimas del matrimonio forzado. En estos casos,
las víctimas, con gran frecuencia, han sido llevadas de Nueva York a Pakistán
para someterse a los matrimonios forzosos allí. Aquellas que se resisten son
frecuentemente amenazadas y coaccionadas. Sin embargo, existen grupos activistas
que intentan detener esta práctica y que están poniendo a niñas en esta
situación en contacto con instituciones sociales y con las fuerzas del orden
público para ayudarlas a escapar de tal destino.
Miembros de la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos
Días, secta nacida en EEUU, también han sido sospechados de traficar mujeres
menores de edad a través de fronteras estatales, así como a través de las
fronteras de EEUU con Canadá y de EEUU con México, con el propósito de contraer
matrimonios polígamos e involuntarios y de cometer abusos sexuales. La policía
canadiense deja en claro que, pese a las connotaciones religiosas, ésto en
esencia constituye “trata de personas en conexión con actividades sexuales
ilícitas.” Pero mientras las actividades de estos mormones fundamentalistas han
provocado cambios en las leyes tanto en Estados Unidos como en Canadá,
sorprendentemente pocos casos han resultado en cargos firmes contra los autores
de tales hechos.
Mientras tanto, Canadá ha sido un importante defensor y partidario de
los esfuerzos para abordar el casamiento forzoso de niñas a nivel
internacional. Sin embargo, los activistas contra el matrimonio de menores explican
que las leyes matrimoniales varían entre las provincias y territorios
canadienses. Si bien la edad legal para contraer matrimonio es generalmente de
18 años, en muchas provincias, una persona con el consentimiento de ambos
padres puede contraer matrimonio a los dieciséis o diecisiete años. En una
entrevista con la Televisión Canadiense (CTV), la activista Saadya Hamdani,
explicó que tales excepciones (como las también citadas en Estados Unidos)
pueden conducir al matrimonio forzoso porque el consentimiento de la novia no
se pide explícitamente. Más bien, son sus padres quienes tienen que dar su
consentimiento y dentro del secreto que vela ciertas tradiciones culturales y
religiosas, tales excepciones pueden llevar a los padres a forzar a sus hijas menores
a contraer matrimonio.
“El valor cultural que se asocia al matrimonio —dijo Hamdani a CTV— es un problema muy grande.”
Según un informe de la Clínica Jurídica del Sur de Asia publicado en
septiembre de 2013, hubo 219 casos confirmados o sospechados de matrimonio
forzado en Ontario y Quebec entre 2010 y 2012. En el 57 por ciento de esos
casos, las menores involucradas también fueron sacadas de ese país para casarse,
y luego, muchas fueron traídas de vuelta por sus cónyuges impuestos.
Sin embargo, Canadá ha jugado un papel vital en cuanto a llamar la
atención sobre el problema y fue muy activo en la búsqueda de la aprobación de
la antes mencionada resolución de la ONU. No fue sino hasta 2015, sin embargo,
que Canadá consagró su postura anti-matrimonio forzoso por medio de una ley, que
tipificó dos nuevos delitos. Como resultado, forzar a una persona a casarse en
contra de su voluntad es ahora un delito grave en Canadá, como lo es ayudar e
instigar el matrimonio de menores. La legislación también describe como infracción
legal la “solemnización” de las uniones forzosas una vez que han tenido lugar.
Ésto último es notable, ya que a pesar de que muchos países tengan
leyes que establecen límites legales de edad para el matrimonio, un estudio
reciente del centro de investigación Pew tiende a demostrar que tales leyes a menudo terminan siendo
obviadas, y que no se hace suficiente para aplicarlas rigurosamente,
especialmente después de que el matrimonio sea un hecho.
Girls Not Brides agrega que terminar con el casamiento forzoso de
niñas y apoyar a las menores casadas requerirá de un trabajo serio e intenso en
cuatro áreas principales: empoderar a niñas y mujeres, movilizar a familias y
comunidades enteras, proporcionar servicios necesarios y efectivos, y
establecer y hacer cumplir leyes y políticas para lograr desterrar la práctica.
Sea cual fuere el resultado final del juicio de Noura Hussein por el
asesinato de su cónyuge y violador impuesto, la pesadilla por la que está
pasando en este momento es el resultado directo de la práctica aborrecible e
inmoral del matrimonio forzoso de niñas, y su trágico caso ha traído este tema
a la atención mundial. No existen motivos de tradición ni religión que valgan
ante la inviolabilidad de los derechos humanos básicos, ni que puedan
justificar el secuestro, la esclavitud y el abuso sexual de mujeres, tal como
se definen en los tratados universales y en la ley internacional.
El matrimonio forzoso, y particularmente el matrimonio forzado de
menores, no son una tradición ni un rito religioso. Son actos criminales y deben
ser tratados como tales en todo el mundo. Es hora de dejar de obviar estos
hechos y pasarlos por alto y también de que las organizaciones y agencias
internacionales y locales comiencen a asumir plena responsabilidad por la
protección y cuidado de niñas y mujeres jóvenes. Más importante aún, es hora de
que comiencen efectivamente a defender los derechos de las mujeres y la
igualdad de género y que empiecen a hacer algo al respecto.
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